La brecha de la financiación autonómica: cada habitante de Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha recibe mil euros menos

Los consejeros de Hacienda de las cuatro comunidades autónomas más perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, se han reunido en Sevilla para plantear un cambio en el actual sistema de reparto de los recursos públicos y reavivar un debate que se había silenciado. La polémica por la quita de la deuda que la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha ofrecido a todas las comunidades autónomas tras el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Salvador Illa, había enfriado un asunto que lleva años pendiente de resolver y en el que tanto el Gobierno central como todas las comunidades de régimen común están de acuerdo en abordar. El problema es cómo.

Estas cuatro comunidades, tres gobernadas por el PP y una por el PSOE (Castilla La Mancha de García Page) llevan años tejiendo alianzas para defender sus intereses comunes y este martes han reclamado los instrumentos necesarios “para competir en igualdad” con el resto de territorios de España. Porque defienden que el reparto actual no sólo afecta a los servicios públicos sino que también condiciona el desarrollo de los territorios.

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, ha presentado las conclusiones del informe 'El sistema de financiación autonómico y las comunidades autónomas infrafinanciadas' que avala el agravio a Andalucía y a las otras tres comunidades con un dato actualizado: hay una diferencia de mil euros entre lo que reciben sus ciudadanos en comparación con otros territorios, como Cantabria, y las cuatro están por debajo de la media en cuanto a los fondos que reciben del Estado en el reparto del dinero público para sufragar los servicios públicos. Según el informe que ha presentado Francisco Pérez, director de este instituto valenciano, esta merma de recursos tiene condiciones directas en las economías autonómicas.

Porque tienen una renta por habitante inferior a la media de España y mantienen una distancia de hasta 30 puntos con respecto a las autonomías más avanzadas. Además, acumulan una deuda autonómica que representa más del 220%. Según consta en esas conclusiones, en los últimos veinte años, Andalucía ha acumulado un déficit de 13.411 millones de euros; Valencia de 20.399 millones, Castilla La Mancha de 1.961 millones y Murcia de 4.135 millones. Es decir, más de 40.000 millones de euros en total.

Con estos datos en la mano, Francisco Pérez ha apuntado que "el actual sistema de financiación presenta deficiencias que se traducen en una falta de equidad, con diferencias de hasta un 32% en los recursos para atender los servicios públicos entre las comunidades de régimen común mejor y peor financiadas" y por ello ha advertido que "esa brecha de financiación impide cumplir los compromisos constitucionales de ausencia de privilegios entre territorios en el acceso a los servicios públicos". La diferencia se eleva a casi 1.000 euros con respecto a Cantabria, la comunidad de régimen común mejor financiada con 4.163 euros por habitante ajustado, según los datos de 2022 (últimos disponibles). La diferencia todavía es mayor en la comparativa con las comunidades forales: Navarra y País Vasco.

Menos riqueza

El trabajo del IVIE apunta que las comunidades infrafinanciadas se ven obligadas a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a cubrir los servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y servicios sociales, y esto supone que "el precio que pagan es que cuentan con menos recursos para desplegar sus políticas de desarrollo regional". De esta forma se limita su capacidad de ayudar a las empresas e impulsar la I+D, hechos que condicionan el despliegue de políticas para mejorar su PIB per cápita.

Precisa el Instituto Valenciano que el indicador de riqueza por habitante de estas cuatro comunidades se encuentra por debajo de la media. Es de un 25% por debajo en Andalucía; de un 20% en Castilla-La Mancha; de un 18% en Región de Murcia y de un 14% en la Comunidad Valenciana y en el siglo XXI no converge en ninguna de estas regiones con el promedio nacional El trabajo del IVIE solicita un fortalecimiento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) como instrumento de desarrollo regional, con más recursos que el actual y capacidad significativa de corregir los desequilibrios económicos entre territorios.

La propuesta política

Las cuatro comunidades agraviadas por el Sistema de Financiación Autonómica, han reclamado al Gobierno de España la urgente y prioritaria reforma del modelo vigente “para contar con uno más justo e igualitario, que no nos corte las alas y que garantice que cualquier ciudadano, viva donde viva, reciba los mismos recursos del Estado”, según ha reivindicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha adelantado que desde 2009 a la actualidad, Andalucía debería haber recibido 13.411 millones de euros más en concepto de financiación autonómica. “Que un gobierno autonómico pueda gastar hasta 1.000 euros más por ciudadano que otro sólo atendiendo a sus datos de residencia es un ataque claro a la Constitución, al permitir privilegios en el acceso a los servicios públicos del ciudadano en función de su domicilio”, ha reprochado la consejera de andaluza.

España ha instado por tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que “cumpla con lo que reclamaba cuando era consejera y presente una propuesta para la reforma del sistema de financiación”, tal y como se recogía en el acuerdo del Parlamento autonómico aprobado en 2018 por la mayoría de las fuerzas políticas andaluzas. “Como ministra de Hacienda, tiene que cumplir con su obligación, pero en cambio lleva siete años dando la espalda a las comunidades autónomas en general y a Andalucía en particular”, ha apuntado.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz, se ha mostrado menos beligerante con el Gobierno actual y por eso ha pedido no cargar las tintas de los problemas del sistema de financiación en el actual gobierno sino que se debe achacar a "los dos partidos mayoritarios", pero ha admitido que existe una "clara insuficiencia de recursos" tanto desde el punto de vista vertical como horizontal.

El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha defendido que cuando se habla de financiación "se habla de personas" y de los efectos que tiene para la atención médica o la atención educativa, y la realidad dice que el sistema actual es "caduco" y necesita una reforma que solucione tanto la equidad "vertical" como la horizontal.

La titular de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha asegurado durante su intervención que la comunidad sufre una "infrafinanciación crónica" pese a haber podido reducir en 1.300 millones el déficit, y ha coincidido con sus colegas en señalar que hay una "clara injusticia y desigualdad" entre los españoles.