La necesidad de un Pacto de Estado para garantizar la Ley de Dependencia

Córdoba/La conveniencia de firmar un Pacto de Estado, una financiación “adecuada” de la actual normativa y la modificación o derogación de la Ley de Desindexación son algunas de las medidas propuestas para garantizar la cobertura de los servicios de dependencia en Andalucía y España. Así lo han puesto de manifiesto el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, durante un desayuno de redacción organizado por Grupo Joly moderado por la directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro.

El coloquio, celebrado en el hotel Hospes Palacio del Bailío de Córdoba y que versó sobre los retos de los servicios públicos esenciales, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Dependencia, que el pasado diciembre cumplió su mayoría de edad, al entender que no ha respondido a las expectativas que levantó en su momento. “Nos dijeron que se iba a convertir en el cuarto pilar del Estado de bienestar, y pasado ese tiempo se han muerto 900.000 personas en lista de espera. Un país serio no puede crear esas expectativas, porque ha sido una ley generadora de frustración”, lamentó Valderas.

El responsable de Clece, compañía especializada en la gestión de servicios públicos esenciales, recordó que durante 2024 fallecieron 35.920 personas en las listas de espera, lo que equivale a 98 al día, una cada 15 minutos. Actualmente, 1,4 millones de ciudadanos reciben alguna prestación en el conjunto de España frente a las 276.000 desatendidas; en Andalucía, hay 296.000 usuarios de alguna prestación y más de 49.000 están en lista de espera.

“Y no podemos decirle a los usuarios que deben esperar un año para que se les aprueben sus derechos. Es una ley manifiestamente mejorable”, incidió el presidente de Clece.

En el fondo de todo, advirtió Valderas, se encuentra el problema de la infrafinanciación de la ley por parte de los distintos gobiernos, asunto en el que incidió el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba. “Si los números no cuadran, los servicios no se pueden prestar”, advirtió Bellido, quien apeló a la necesidad de mejorar la financiación que recibe Andalucía para poder afrontar el incremento del coste que van a experimentar los servicios, entre otros motivos, por la subida de los salarios. “En principio se habló de 50% Estado y 50% Junta, pero hasta el momento existe un desequilibrio importante porque la Administración autonómica aporta mucho más”, comparó.

Una gestión “compleja” que hay que “repensar”

La conveniencia de firmar un Pacto de Estado por la dependencia fue otra de las soluciones planteadas en el debate, pues esto “obligaría a los políticos a sentarse en una mesa para algo que es esencial”, intervino el presidente de Clece. El objetivo de este gran acuerdo sería “garantizar a largo plazo un firme compromiso con las personas mayores y dependientes, sin importar quién gobierna en cada momento en el país y en cada comunidad”. Valderas comparó que, mientras España se gasta el 1% del PIB en dependencia, en Reino Unido alcanzan el 2,4%, en tanto que en Portugal apenas se llega al 0,47%.

Bellido aportó que la aplicación de la normativa evidencia “déficits graves”, entre otros asuntos por su gestión compleja: “Es una ley estatal con financiación compartida, que ejecutan las comunidades autónomas pero que aplican los ayuntamientos en colaboración público-privada. Están implicadas todas las administraciones, a lo que se suma la tendencia por parte de algunos partidos a politizarlo todo”, insistió el popular. La conclusión es que “vamos al fracaso de la gestión, con miles de personas que se están quedando fuera”. En su opinión, habría que “repensar el esquema de cómo se aplica”, para centralizarla por completo o terminarla de descentralizarla, pues “a los ayuntamientos se nos genera mucha presión” y tampoco “se puede demonizar a las empresas del sector”, fue su propuesta.

Y es que el centro de todo el debate “debe ser el usuario”, recalcó el alcalde, quien se mostró muy concienciado con este asunto. En el caso concreto de Córdoba capital, en el año 2019 había 600 trabajadoras y 2.000 usuarios. Y a día de hoy hay 4.800 dependientes y 1.600 trabajadoras. “La sociedad está cambiando y reclama la aplicación de la ley; en Andalucía, no obstante, se están haciendo esfuerzos importantes para agilizar los procesos”, defendió. También en los ayuntamientos, añadió, se están agilizando los pagos teniendo en cuenta la “complejidad” de los contratos. De nuevo en el caso concreto de Córdoba, en 2019 el periodo de liquidación alcanzaba los 14 meses, por lo que el servicio era “bastante inasumible”; el plazo se ha reducido a tres meses, valoró.

Para garantizar el futuro de estos cuidados, también sería necesario “modificar normativas que no ayudan al sector, como la Ley de Desindexación”. En concreto, según Clece, impide revisar los precios de los contratos públicos durante toda la vigencia de los mismos, “lo cual genera incertidumbre a la hora de presentar ofertas a las licitaciones públicas para la gestión de los diferentes servicios del ámbito de los cuidados”, según Clece.

Cristóbal Valderas explicó que los sindicatos CCOO y UGT “están absolutamente de acuerdo” en la derogación, pese a lo cual el Gobierno central la mantiene. “Es una ley de 2015 que era sensata en aquel momento, porque España estaba quebrada. Ahora mismo es una ley de recortes, cuando estamos en un momento expansivo”, lamentó.

El reto de actualizar el precio hora

La Ley de Dependencia, entre otros objetivos, nació para impulsar el servicio de ayuda a domicilio (SAD) y que las personas permanecieran el máximo tiempo posible en su domicilio. Los retos de este servicio tras cumplir la mayoría de edad también fueron objeto de debate. En este sentido, tanto Clece como la FAMP coincidieron en que la colaboración público-privada es esencial para garantizar la supervivencia del servicio, que en Andalucía afecta a más de 165.000 usuarios y a cerca de 40.000 trabajadores.

El servicio de ayuda a domicilio, además, se ha revelado como una “actividad sin parangón” a la hora de revitalizar pequeños municipios, pues las “bondades” en los pueblos son numerosas. Entre otras, “crea empleo estable y recurrente entre sus habitantes tras una rápida formación para ejercer el trabajo; contribuye a asentar la población, dado que las personas en paro no deben buscar oportunidades lejos de su lugar de origen, y las personas cuidadas tampoco se ven obligadas a abandonar su municipio, puesto que reciben este servicio en su propio hogar”, enumeró Clece.

Valderas recordó además que la inversión en cuidados también se traduce en generación de empleo. Por ejemplo, por cada millón de euros de inversión pública en atención a la dependencia se crean 41 empleos directos. Si esos profesionales se seleccionan entre personas en paro, supondría un ahorro anual en prestaciones por desempleo de 574.000 euros. Teniendo en cuenta que, además, el 41,7% de la inversión en dependencia revierte nuevamente a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, con cada millón de euros se obtendría un retorno de 417.000 euros que sumados a esos 574.000 de ahorro en prestaciones por desempleo haría que esa financiación pública se recuperara prácticamente al 100%.

Otro de los principales retos, como asumió el presidente de la compañía, es “seguir aumentando el precio por hora en Andalucía para adecuarlo al actual escenario económico”. Y es que en la comunidad autónoma se pagan solo 16,5 euros por hora, una de las cifras más bajas de todo el país, inferior a la media de España, establecida en 20,53 euros, y muy por debajo de comunidades como el País Vasco (30,15 euros), Cataluña (26,66) y Aragón (24,61).

Bellido, por su parte, recordó que el nuevo contrato en Córdoba alcanza los 70 millones de euros al año, el mayor firmado hasta ahora por el Ayuntamiento, lo que da cuenta de que “el sistema va a necesitar cada vez más recursos”. Y, volviendo al problema del precio hora, reconoció que en Andalucía ha estado 13 años congelado pero que ahora se están produciendo actualizaciones, “lo que nos permite afrontar entre todos los retos de la inflación”.

Valderas consideró que, aunque hay ayuntamientos y diputaciones que ponen dinero para suplementar el precio hora, el margen sigue siendo muy pequeño. Cuando, al final, se trata de “un tema muy sensible, pues son nuestros padres y te das cuenta de que tardan dos años en revisarle la ayuda a domicilio”, llamó la atención el responsable de la compañía, que llamó a las administraciones públicas a que tengan “sensibilidad” e incluyan la ayuda a domicilio y la Ley de Dependencia “en la agenda”.

Enfrentarse a la soledad no deseada

La recta final del coloquio se centró en la necesidad de atender la salud mental de dependientes y cuidadores. Así, Cristóbal Valderas introdujo en el debate el problema de la soledad no deseada entre parte de los usuarios del SAD, y destacó que es habitual que soliciten acompañamiento, aparte de la atención personal y la ayuda con las tareas domésticas. En este sentido, recalcó que “muchas de las personas que viven solas cambiarían la subida de las pensiones por más horas de ayuda a domicilio, porque les da la vida”. De ahí que propusiera “traspasar” dinero de las pensiones, que aumentaron en 14.500 millones de euros con la subida de 2023, a la Ley de Dependencia para ofrecer más horas de asistencia.

El presidente de la FAMP, por su parte, abogó por mejorar el servicio con la aplicación de la domótica y de la inteligencia artificial y, en el plano de la salud mental, apostó por la integración de programas de formación continua y social y psicológica para las cuidadoras. Bellido explicó que, en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, la “parte social también se mete en el pliego de licitación”, concluyendo que la Ley de Dependencia, con todos sus defectos, “al menos ha dado una respuesta parcial a la dependencia, pero en el caso de la soledad no deseada no hay ni siquiera una respuesta parcial”.

“¿Cómo detectas a esas personas si no están en los otros programas que tienen en marcha los ayuntamientos?”, se preguntó. Y asumió que, en los últimos tiempos, los consistorios están intentando abordar esta cuestión, pero “es un terreno desconocido”. En todo caso, “el futuro debe pasar por ahí”, coincidió.

Atención psicoemocional para las auxiliares

Por el lado de las trabajadoras, el responsable de Clece explicó que la compañía “siempre ha sido consciente del apoyo emocional que necesitan las auxiliares de ayuda a domicilio, dado que su trabajo conlleva un trato directo y cercano con personas vulnerables”. “La pandemia supuso un punto de inflexión por todo lo que tuvieron que afrontar, poniendo en riesgo su propia salud al priorizar los cuidados de los usuarios. Ahí decidimos que teníamos que brindarles un servicio de apoyo psicológico para contribuir a su equilibrio mental y emocional”, recordó Valderas. Este fue el punto de origen del programa Cuidado en red, un servicio telefónico de atención psicoemocional al que pueden recurrir las auxiliares y sus familiares directos cuando pasen momentos de estrés, ansiedad o cualquier situación difícil, sea laboral o personal.

El servicio lo presta la asociación sin ánimo de lucro Corazón y Manos, nacida en 2017 a iniciativa de los propios empleados de Clece y de la que Cristóbal Valderas es también presidente. Durante estos años, la asociación ha ido ampliando su ayuda más allá de las fronteras de la compañía, centrándose especialmente en los colectivos más desfavorecidos.

En el caso del programa Cuidado en red, empezó orientado a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pero se ha ampliado a las plantillas de otras de las actividades de Clece y filiales. Es un servicio gratuito, anónimo y confidencial que Atende, filial de Clece, incluyó como mejora en el contrato del SAD que el Ayuntamiento de Córdoba le adjudicó en 2024. “En el caso concreto de Córdoba, la atención psicológica de las auxiliares del SAD está aportada al contrato actual”, confirmó el alcalde.