La Policía entra en el Parlamento

Un mantero muerto, unos agentes de la Policía Local ofendidos por la declaración de un parlamentario y unos fiscales que ponen en duda la inviolabilidad absoluta de las opiniones de los diputados. La querella que la Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado contra el parlamentario José Ignacio García, de Adelante Andalucía, lleva camino de abrir una crisis inédita entre el Parlamento andaluz y el ministerio público, un asunto polémico que ha adquirido tintes más graves después de que dos policías entrasen en la Cámara y fueran hasta el mismo despacho del grupo para hacer entrega de la querella en mano.

El mantero Mamour Bakhoum, un senegalés de 43 años que vivía en Sevilla desde 2017, vendía camisetas de fútbol en la avenida de la Constitución el pasado 29 de diciembre, cuando agentes de la Policía Local pasaron por esta zona de gran afluencia navideña en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante ilegal. El mantero y sus compañeros recogieron la mercancía en hatillos y huyeron, aunque en ese momento se produjo una larga persecución de algo más de 20 minutos por el paseo de Colón hasta llegar al muelle de las Delicias, junto al puente de los Remedios.

Mamour se descolgó con la amarra de un noray del muelle, pero cayó al río. No sabía nadar. Los agentes vieron cómo su cuerpo desaparecía mientras sólo el hatillo con las camisetas permanecían en la superficie, dos de ellos se tiraron al agua para rescatarlo pero no pudieron salvar su vida.

La muerte provocó una protesta instantánea de la comunidad senegalesa en Sevilla, y el 2 de enero se convocó una manifestación de repulsa para solicitar una investigación. El parlamentario Ignacio García, de Adelante Andalucía, el partido que creó la gaditana Teresa Rodríguez, acompañó a los compañeros del fallecido, y declaró: "34 camisetas es lo que tenía Mamouth para que lo persiguiera la Policía Local hasta su muerte. Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y represión que no puede volver a pasar".

La Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado la querella contra el parlamentario, a raíz de dos denuncias por injurias de sindicatos policiales, porque el Código Penal castiga de modo especial a quienes injuriasen o amenazasen de modo grave a los Ejércitos o a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, hay serias dudas, y así lo han explicado varios parlamentarios, de que la Fiscalía pueda perseguir a un parlamentario por sus opiniones. Se trata de un principio básico de protección de la institución parlamentaria, que de otro modo se vería sometida a oleadas de querellas de este tipo. La Fiscalía, sin embargo, considera que el "plus" de libertad de expresión que la Constitución y el Estatuto concede a los electos tiene límites.

Constitución y Estatuto

Los dos textos legales amparan a sus diputados. El artículo 101 del Estatuto de Andalucía sostiene que sus diputados gozarán "de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios", aunque la Fiscalía argumenta que, en este caso, no se trataba de un acto parlamentario, sino que "muy al contrario, se realizan [las declaraciones] en una plaza pública".

En el escrito que firma el teniente fiscal de Andalucía, Rogelio Muñoz Oya, y la fiscal superior, Ana Tárrago, se niega, además, que la crítica pueda acogerse bajo el paraguas de la libertad de expresión, y lo hacen con esta valoración: "El discurso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino que entra en lo que podría denominarse como libertinaje de expresión". Y llega a valorar que las declaraciones de garcía tienen "un potencial afrentoso capaz de fisurar el prestigio institucional y social (...) de las instituciones objeto de protección".

José Ignacio García ha declarado a este medio que la querella constituye "un precedente muy peligroso, porque, de ser así, sólo estaríamos protegidos en el Parlamento y no cuando ejercemos una opinión como parlamentarios fuera del recinto". Y remarca: "Yo no estaba merendando con mi familia en el campo, estaba en una manifestación y ejercí una crítica política a una institución, a la Policía Local de Sevilla, no culpé a ningún policía de matar a alguien, de hecho, ni lo pienso".

La duda sobre la actuación de la Fiscalía es evidente. ¿Cuando un parlamentario va a una manifestación y expresa una opinión política ya no le ampara su condición de diputado porque está fuera del ámbito físico de la Cámara y de sus debates? La mayoría de los grupos de la Cámara han expresado su apoyo a Ignacio García. El portavoz del PP, Toni Martín, sin embargo, expuso en una rueda de prensa que la prerrogativa sólo recogía las actuaciones en el Parlamento, mientras que otro compañero de bancada, José Ramón Carmona, sostuvo lo contrario: es general.

La Constitución Española es más taxativa que el Estatuto andaluz, al declarar que los diputados y senadores "gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas durante el ejercicio de sus funciones". La prerrogativa trata de proteger la libertad plena de los electos para expresar unas críticas que constituyen el vehículo básico del parlamentarismo, sean acertadas o rechazables. Tal como indica García, las acusaciones gruesas son norma común en la Cámara: "A mí me han llamado terrorista y que soy de ETA". De hecho, en el Parlamento andaluz no hay ningún precedente.

El caso judicial que investigó la actuación de los policías locales se archivó al no apreciarse indicios de delitos. Pero la querella contra García pasó de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es el único ámbito donde podría ser juzgado por su condición de parlamentario.

Pero el viernes 4 de abril se produjo otro hecho inédito que ha acabado en la mesa del letrado mayor del Parlamento. Un agente de policía telefoneó al grupo de Adelante Andalucía para comunicarle debían entregarle el escrito de la querella de la Fiscalía y García, en efecto, le respondió que era parlamentario y que podrían llevarle el documento a su lugar de trabajo. Los policías así lo hicieron, pero pasaron todos los controles del edificio que alberga la Cámara, donde hay agentes autonómicos y de seguridad privada, y llegaron hasta el mismo despacho de Ignacio García.

El parlamentario ha solicitado el amparo de la Cámara, tal como indica el artículo 12 del Parlamento, que le reconoce ese derecho cuando un diputado vea sus prerrogativas en peligro por su detención o una actuación judicial. Esto no ha ocurrido nunca, y lo que ha hecho la Mesa de la Cámara es solicitar un informe al letrado mayor. Si fuera positivo, obligaría al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a salir en defensa del parlamentario.

Si el caso terminara por judicializarse, Adelante Andalucía podría llevar el caso al Tribunal Constitucional. No sería la primera vez que el tribunal de garantías se manifiesta a favor de este grupo, ya lo hizo cuando fue apartado en la legislatura anterior del grupo de Podemos.