PP y Vox respaldan la suspensión de la fiscalización de los contratos menores de la Junta

Cuando ya había transcurrido un año de trabajos previos, la Cámara de Cuentas suspendió en mayo pasado la fiscalización de los contratos menores de la Junta, aquellos que requieren de menos controles debido a su cuantía. ¿Por qué? El argumento que ha ofrecido la Cámara que preside Alejandro Cardenete, ex consejero de Educación en la primera legislatura de Juanma Moreno, es que este tipo de contratos se encuentran bajo una acción judicial, en referencia a las investigaciones de dos juzgados andaluces sobre el fraccionamiento de contratos del SAS. Sin embargo, ese nunca ha sido un argumento empleado para suspender un auditoría que, por lo demás, se ha realizado hasta en seis ocasiones.

El caso de la suspensión de esta auditoria de la Cámara llegó este miércoles al Parlamento de Andalucía, donde se ha abordado la reprobación de Cardenete a propuesta del PSOE y al Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero echó en cara al diputado popular Elías Bendodo esta paralización. Los grupos del PP y de Vox han votado en contra de la reprobación de Cardenete en el Parlamento andaluz.

En el plan de actuación desde 2023

La Cámara de Cuentas aprobó en diciembre de 2023 su plan de actuación en el que se detallan qué trabajos realizará este órgano fiscalizador y, como ha ocurrido hasta en seis ocasiones, se acordó fiscalizar la "contratación de la Junta de Andalucía". Comenzado el trabajo de campo, y como consecuencia de haberse observado un incremento notable de la contratación menor, se decidió que esta fiscalización se centrase en este tipo de contratos que se caracterizan por la simplificación del procedimiento y por no requerir de una licitación formal, aunque sí están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.

Se tratan de obras menores de 40.000 euros y servicios por debajo de los 15.000 euros. La Cámara de Cuentas registró algo más de 80.000 contratos de este tipo en 2022 y casi 103.000 en 2023 en la totalidad de la Junta, por lo que tomó una muestra de 250 de ellos en cada uno de los años de distintos departamentos, entre éstos, el SAS, que es uno de los grandes contratantes de la administración andaluza. Es el procedimiento habitual.

Sin embargo, el consejero encargado de esta auditoría ya tuvo problemas para conseguir esos contratos a partir del mes de junio, una vez que fueron escogidos para el muestreo. La Consejería de Hacienda, que es la interlocutora de la Cámara para este caso, solicitó que se detallase dónde figuraba esa auditoria en el plan de actuación. Y el 15 de mayo pasado, el pleno de la Cámara de Cuentas, donde PP y Vox suman una mayoría de cuatro frente a tres, paralizaba el estudio.

En esta votación fue necesaria la participación del presidente Alejandro Cardenete. Lo que sostuvo el grupo socialista ayer en el Parlamento andaluz es que éste debió abstenerse porque, entre los contratos menores que se iban a estudiar, figuran varios de la Consejería de Educación y de la Consejería de Turismo cuando Cardenete fue consejero de la primera, que fueron unos meses de 2022, y viceconsejero de la segunda, de 2019 a 2022. Este catedrático de Economía fue uno de los principales colaboradores de Juan Marín cuando Ciudadanos participó en el Gobierno de la Junta.

Los grupos socialista y de Por Andalucía, así como Adelante Andalucía, solicitaron la dimisión de Cardenete y responsabilizaron al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de permitir o alentar esta suspensión inédita. Hay que considerar que los informes de la Cámara de Cuenta se tuvieron en cuenta en instrucciones judiciales como los de la Faffe y los ERE y que, incluso, se mantuvo en curso una auditoría sobre cursos de formación de la Junta cuando la juez Mercedes Alaya abrió una investigación sobre ello.

La oposición a Moreno sostiene que la suspensión no se debe tanto a los posibles intereses de Cardenete, sino al temor del Gobierno andaluz a que se fiscalicen también los contratos menores del SAS, que se están investigando en un juzgado de Cádiz y otro de Sevilla, aunque los años de actuación son diferentes. La fiscalización de la Cámara de Cuentas es de los años 2022 y 2023, y la judicial son anteriores.

La parlamentaria popular Jessica Trujillo, que defendió la actuación de la Cámara de Cuentas, aseguró que la suspensión ni "es una eliminación ni es una quema de papeles", sino que se retrasa porque "hay una actuación" judicial. El socialista Mario Jiménez mantuvo que Manuel Alejandro Cardente "no se abstuvo porque, de haberlo hecho, la fiscalización se estaría haciendo en estos momentos". "No hay ningún presidente de la Cámara ha cometido una burrada como ésta", insistió Jiménez. "Había que paralizar a cualquier precio la fiscalización del SAS", apostilló.

La parlamentaria Trujillo sostuvo que, al igual que Cardenete, los consejeros de la Cámara propuestos por el PSOE también han tenido cargos públicos u orgánicos relacionados con este partido.