Inspectores de Trabajo reivindican en Cádiz su papel como "agentes del cambio" en el mercado laboral
UPIT convoca a más de un centenar de profesionales del cuerpo a un congreso para analizar los retos a los que se enfrentan
Trabajo envía cartas a casi 40.000 empresas para regularizar y hacer indefinidos a más de 86.000 trabajadores

Cádiz/Los inspectores de Trabajo analizan en Cádiz los retos y dificultades a los que el cuerpo debe enfrentarse a la hora de abordar su función que contribuye a garantizar los derechos de los trabajadores, con la mirada puesta en el futuro hacia el que se encamina con las nuevas realidades laborales que provoca la incorporación de las nuevas tecnologías. Durante dos jornadas, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), en una cita a la que asisten más de un centenar de asociados, estudia ejemplos de actuaciones de los compañeros que han influido en la mejora de las condiciones de los trabajadores, con el planteamiento de nuevos escenarios de intervención, pero siempre con el convencimiento de ser "agentes del cambio".
"Vamos a ver actuaciones que creemos que han ido abriendo camino en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas trabajadoras. Actuaciones que han influido en las mejoras de las condiciones ante las nuevas realidades que van surgiendo en el mercado de trabajo con la incorporación masiva de las nuevas tecnologías que han dado lugar a que existan nuevos riesgos, tanto físicos como psicológicos", ha expuesto la portavoz de UPIT, María José Díaz Luque, durante la inauguración del congreso. Con intervenciones que muestran la importancia del informe de la inspección de trabajo en la determinación de la relación de causalidad para considerar el suicidio como accidente de trabajo; o que confirman que la falta de evaluación de medidas preventivas en materia de riesgos psicosociales están dando lugar a accidentes dentro de las nuevas profesionales, como los moderadores de contenido. Una de las mesas previstas se centra en el caso de Servicarne, con sentencia del Tribunal Supremo, para analizar el fraude en el uso de cooperativas de trabajos asociados como una forma de eludir la aplicación del derecho del trabajo cuando optan por el régimen de autónomo. "Queremos reconocer la labor de Juan Ignacio Marín", apuntaba.
En la bienvenida ha intervenido el jefe de la Inspección de Trabajo de Cádiz, Francisco Zambrana, que destacaba la importancia del encuentro porque "debe servir para poner en común cuestiones que nos afectan a todos como colectivo y también poner en valor el trabajo que se hace desde la Institución para proteger los derechos de las personas trabajadoras, para velar por la igualdad y la libre competencia entre las empresas y también para el sostenimiento del sistema público de Seguridad Social en nuestro país".
El director territorial de Inspección de Trabajo Social de Andalucía, Víctor de Santos Sánchez, ha defendido la contribución de la Inspección de Trabajo "a la mejora del Estado Social y Democrático de Derecho". "Lo que nos hace diferentes y valiosos es la conjunción y simultaneidad de ser juristas laborales y la presencia física en los lugares de trabajo", exponía. A su juicio, actualmente la profesión está siendo "reivindicada", incluso normativamente al demandarles que se ocupen de cuestiones que no están dentro de su competencia.
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, destacaba también el papel de los inspectores "aliados imprescindibles" para velar por el cumplimiento de la normativa laboral, consciente de su peso en "la transformación que está teniendo el mercado laboral en España y en Andalucía", no solo como observadores, sino "protagonistas del proceso". La dirigente andaluza ha recordado los datos de cotización a la Seguridad Social de finales de abril: casi un 15% más que a principios de 2019, con 435.000 puestos de trabajo creados en Andalucía desde ese año. "Tenemos un récord de afiliación, con más de tres millones y medio", indicaba. Una cifra a la que añadía la de empresas creadas en 2024: 1.435 cuando en el resto de España fueron 426.
En ese panorama "la inspección de trabajo contribuye al eficaz funcionamiento del sistema". Algo que se refleja en los datos: en 2023 (el ejercicio pasado aún no está cerrado) hicieron más de 607.000 actuaciones que afectaba a más de un millón de personas, "el impacto social es enorme". Más de 100.000 personas afloraron de la economía sumergida, más de 32.000 trabajadores estaban mal encuadrados y ya están como trabajadores por cuenta ajena o más de 5.000 han visto incrementada su pensión como consecuencia del recargo de prestaciones hecha por la inspección, han sido algunos de los números facilitados. A todo eso ha añadido la lucha contra la siniestralidad laboral que en el primer trimestre del año se ha reducido en Andalucía un 0,7%, en hasta un 12% en los casos de resultado de fallecimiento. "Sois imprescindibles en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social", dejaba claro Blanco.
En las nuevas realidades del mercado de trabajo la consejera incluía el aumento de los patrones de trabajo híbrido, especialmente en el caso de profesiones vinculadas a la tecnología, con empleados trabajando en casa y oficinas como espacios de reunión. "Deben resolverse nuevos problemas relacionados con el tiempo de trabajo y el derecho a la desconexión. Es necesario la regulación", señalaba.
También hacía un apunte en cuanto a la carrera administrativa para exigir al Gobierno central la modernización del cuerpo, la actualización de la RPT (relación de puestos de trabajo) y la dotación de los recursos necesarios, unas reivindicaciones que apoyan desde la Junta de Andalucía.
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