El Gobierno abaratará a las comunidades de vecinos los gastos de vetar pisos turísticos

El Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley consensuada por el PSOE y Sumar para que el Gobierno reduzca el coste de los aranceles registrales y notariales que tienen que pagar las comunidades de propietarios en el trámite de limitar el uso de viviendas como pisos turísticos.

Según Sumar, promotor de la iniciativa, estos aranceles son "bastante altos" y con un coste difícil de calcular con antelación, lo que está suponiendo un impedimento económico para las comunidades de vecinos que quieren limitar los pisos de uso turístico.

En la actualidad, una comunidad de propietarios puede prohibir los alquileres turísticos con el voto de las tres quintas partes, así como establecer para ellos cuotas especiales de gastos, pero si lo hace debe modificar sus estatutos en el Registro de la Propiedad.

Esto supone un coste para la comunidad de vecinos, ya que tiene que pagar primero al notario para que levante acta de la junta de propietarios y después acudir al Registro de la Propiedad y abonar otro arancel para registrar la modificación de los estatutos.

La proposición no de ley que ha aprobado este martes la Comisión de Justicia del Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, insta al Ejecutivo a "limitar o bonificar" tanto los aranceles registrales como los notariales, así como a la "unificación" de ambos para reducir el coste de las inscripciones.

La iniciativa también aboga por "facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral" y por "establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas".

El PP ha votado en contra tras señalar que, después de la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, "la modificación estatutaria ya no es requisito 'sine quanon' para prohibir los pisos turísticos.

Además, ha criticado el "agravio comparativo" que supone la reducción de esta carga económica respecto a otras que tienen las comunidades de propietarios, como el cambio de uso de local a vivienda o el combate judicial contra los "narcopisos".