El renacer de la minería y la estrategia ambiental

España se encuentra en una encrucijada minera. Con la transición ecológica como telón de fondo y una demanda creciente de materias primas críticas como el litio, el cobre y las tierras raras, el país vive un resurgir de la actividad extractiva. Pero este renacimiento llega acompañado de tensiones ambientales, debate social y retos regulatorios.

Actualmente, el país alberga cerca de 2.600 explotaciones mineras activas, que generan alrededor de 3.500 millones de euros anuales, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El país es ya el segundo productor de cobre y magnesita de la Unión Europea y posee yacimientos significativos de otros recursos estratégicos, como el níquel, el tungsteno y las tierras raras.

Este contexto ha llevado al Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzar el pasado mes de marzo el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, que busca aumentar la disponibilidad en el país de materiales estratégicos como las tierras raras o el níquel; con el objetivo de modernizar explotaciones existentes y localizar nuevos yacimientos.

El impulso de Bruselas y el papel de Andalucía

La Unión Europea ha puesto la minería en el centro de su política industrial para reducir su dependencia de países como China, principal proveedor mundial de minerales esenciales. En ese marco, se han identificado siete proyectos estratégicos en territorio español, entre ellos la mina de cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla), que planea convertirse en la primera planta en Europa capaz de procesar varios metales estratégicos con energías renovables y una baja huella de carbono.

Controversias y oposición social

Pese al impulso político y económico, varios proyectos mineros han generado una fuerte oposición social. Es el caso de la mina de Touro en Galicia, cuestionada por su cercanía a núcleos habitados y los posibles riesgos para acuíferos y ríos. Colectivos como Plataforma Mina Touro O Pino Non alertan sobre el posible impacto en la salud y el medioambiente.

El legado de la minería tampoco se olvida. En la Sierra de Cartagena-La Unión (Murcia), miles de toneladas de residuos tóxicos provenientes de antiguas explotaciones contaminan aún hoy el entorno del Mar Menor. El Gobierno ha iniciado trabajos de sellado.

Además, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF ha expresado en un comunicado conjunto su oposición al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar; alegando que "la reapertura incluye la autorización de un vertido tóxico de 85.520 millones de litros al Bajo Guadalquivir, cuyos impactos ambientales y socioeconómicos sobre esa Zona de Especial Conservación no se han evaluado de forma adecuada".

Un marco legal exigente, pero con lagunas

La minería en España está regulada por un conjunto de normas ambientales estrictas. El Real Decreto 975/2009 obliga a las empresas mineras a presentar un plan de restauración ambiental y constituir garantías financieras para su cumplimiento. Además, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental exige un estudio de impacto ambiental previo para cualquier nuevo proyecto extractivo; y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) regula todas las emisiones y residuos generados por las instalaciones mineras, incluyendo vertidos, ruidos y emisiones atmosféricas.

El reto para España es claro: encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. La minería puede jugar un papel clave en la transición ecológica, pero solo si se asegura una gestión transparente, una evaluación rigurosa de impactos y una participación real de la ciudadanía.