¿Qué jueces queremos?

Una sociedad democrática no puede permanecer ajena a la pregunta de qué jueces quiere, como si este interrogante fuera corporativo. Cuestiones como cuál ha ser el sistema de acceso a la carrera judicial o de qué forma ha de configurarse el órgano de gobierno de los jueces han de formar parte del foro público. Igualmente, es constitutivo de una sociedad democrática que exista una opinión pública sobre la justicia y que las decisiones judiciales, como expresión de un poder del Estado, puedan ser objeto de crítica. En el ejercicio de su función, sin embargo, el juez no puede preguntarse qué ley quiere; tiene que aplicar la ley, de la cual deriva, en último término, su propia legitimidad. Además, los jueces, como garantía de su independencia e imparcialidad, tienen limitado el ejercicio de derechos políticos medulares, como la militancia en partidos o su sindicación; y la propia imagen de imparcialidad de la justicia recomienda una cautela específica en su ejercicio de la libertad de expresión política. El activismo ideológico no integra la imagen de la virtud judicial. Ahora bien, la propia jurisprudencia del TEDH ha considerado la relevancia constitucional del discurso de los jueces cuando se trate de cuestiones que afecten a su propio estatuto. La reforma impulsada por el Gobierno afecta a algunos elementos centrales de la carrera judicial, como el sistema de acceso, o, si atendemos al cambio propuesto en el modelo instrucción, a sus propias competencias. El activismo judicial no es aquí frente al legislador, sino, para entendernos, frente al legislador de los jueces. Así, trascendiendo la cuestión acerca del derecho de huelga de jueces y magistrados –en la que no oculto mi posición contraria, en tanto los jueces son titulares de un poder del Estado y carecen de derecho de sindicación–, la manifestación convocada por cinco asociaciones de jueces tiene una relevancia constitucional insoslayable. Es el Parlamento quien tiene que responder a la pregunta de qué jueces queremos, pero la voz, las voces de éstos poseen aquí un valor específico como discurso público. Creo que, al margen del ruido, algunos argumentos ofrecidos contra medidas tan ambiciosas y precipitadas como la integración de los jueces sustitutos en la carrera judicial o la modificación de la instrucción judicial en los términos propuestos, sin una mejor garantía de la propia independencia de la Fiscalía, invitan a pensar, y más considerando en el contexto actual de nuestra gobernabilidad, que tales decisiones no deberían ser tarea de esta legislatura.