Córdoba estrena la nueva organización de la justicia el 1 de julio con 11 tribunales de instancia

Córdoba/Córdoba estrenará a partir del próximo martes 1 de julio la reforma estructural del sistema de administración de justicia que obliga la Ley de eficiencia de la justicia. Una ley que, como novedad, implica la reforma organizativa de la Administración de Justicia mediante la constitución de los Tribunales de Instancia como sustitución a los actuales juzgados; la evolución de los Juzgados de Paz hacia renovadas Oficinas de Justicia con sede en los municipios de la provincia; y la implantación de una oficina judicial adaptada a la nueva organización judicial.

Adaptarse a esta normativa será "la mayor transformación de la justicia en los últimos 70 años", tal y como lo ha definido este martes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, tras haber tenido una reunión con todos los operadores jurídicos de la provincia cordobesa. Como ha explicado, este "cambio profundo en la manera de organizar los recursos jurídicos" afectará a toda España. En Córdoba, de los 12 partidos judiciales que hay en su provincia, 11 cambiarán su funcionalidad a partir del próximo 1 de julio.

Todos los partidos judiciales de Córdoba pasarán por esta reestructuración la semana que viene excepto la capital cordobesa, que mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha tope en la que debe estar implantada la Ley al completo, con la última y tercera fase, que engloba a las capitales y los grandes partidos judiciales. Como ha subrayado Nieto, esta reforma supondrá un cambio radical en la estructura judicial, ya que se pasará de órganos unipersonales encabezados por un juez, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un equipo de funcionarios, "a órganos colegiados, con una redistribución de los funcionarios en unidades procesales de tramitación y servicios comunes".

Esta reforma implica también el refuerzo de persona judicial en Córdoba. La provincia contará concretamente con ocho funcionarios judiciales más, que tendrán "un impacto presupuestario cercano a los 400.000 euros anuales". Dos de ellos están destinados en la sede judicial de Cabra, dos en Montoro, otro en Montilla y tres en Posadas. Córdoba pasará, por tanto, de tener 173 funcionarios de justicia a tener un total de 181. Este esfuerzo, según ha precisado Nieto, forma parte de una inversión autonómica global de 57 millones de euros en Andalucía.

La Ley de eficiencia de la justicia que se aplicará en Córdoba a partir del próximo 1 de julio afectará también a los Juzgados de Paz, que serán sustituidos por las llamadas Oficinas Municipales de Justicia. Tendrán un impacto especialmente notable en municipios con más de 7.000 habitantes. Nieto ha puesto el ejemplo de Palma del Río, donde se implantará el piloto de este modelo en la provincia con el fin de que sea una vía para descongestionar el juzgado más cercano, el de Posadas, y acercar los servicios jurídicos a la ciudadanía con el objetivo de que "el 85%" de los trámites se puedan realizar desde estas nuevas oficinas.

Como ha destacado consejero de Justicia, dicha ley permitirá mejorar la digitalización y modificar las bases y módulos del turno de oficio mediante el incremento de plantillas entre otras muchas ventajas que entran en esta reestructuración cuya ley publicó el Ministerio de Justicia el pasado 2 de enero. Nieto, sin embargo, ha recriminado al Gobierno de España que esta reforma "la asume la Junta de Andalucía al 100%" pese a que no ha sido la administración impulsora.

Descentralizar el juzgado de violencia sobre la mujer

Por último, el consejero de Justicia ha indicado que la implantación de la Ley se complica en Córdoba debido a la comarcalización de los juzgados de violencia de género de Lucena, Cabra y Pozoblanco. Nieto ha criticado el "desconocimiento absoluto del Ministerio" sobre la realidad de la provincia cordobesa y ha exigido que, "o se opta por mantener los juzgados como están, o si se opta por la comarcalización, debe hacerse con criterios de lógica territorial". Por ello, ha apostado por que en el Sur de la provincia, Lucena sea "el centro comarcal".

La Consejería también ha solicitado al Ministerio un aumento del número de jueces especializados en violencia de género, proponiendo "un mínimo de 22 nuevos jueces frente a una previsión claramente insuficiente", en la que solo se destinan diez jueces. "Una vez más, el Ministerio margina a Andalucía, frente a los 60 nuevos jueces a Cataluña y ninguno a nuestra comunidad", ha lamentado el consejero.