Desafuero

LA agonía del Gobierno en esta legislatura inviable será tan larga como extensa sea la resistencia de Pedro Sánchez a asumir la realidad: se mantiene en el poder sólo porque cedió al chantaje insolidario de los independentistas en asuntos cruciales como la amnistía o la financiación singular y los indicios de corrupción en su entorno le asfixian semana a semana.

El Ejecutivo trata de huir cada día del rosario de informaciones periodísticas, investigaciones y diligencias judiciales e informes policiales que señalan supuestamente –la presunción de inocencia sigue intacta– prácticas delictivas en la gestión en distintas instituciones. Pero la tozuda realidad le recuerda a cada paso que su entorno cercano personal y político está siendo investigado.

El golpe más duro –más incluso que el que provocó su falso retiro durante cinco días en abril del año pasado– se lo dio ayer la jueza de Badajoz que instruye la causa en la que se investigaba como fraudulenta la contratación de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, por parte de la Diputación de esa provincia.

La magistrada Beatriz Biedma dictó ayer un auto de procesamiento contra el director de orquesta, que usa como nombre artístico de David Azagra, y contra el todavía presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Lo hace antes de que Gallardo consume una fétida maniobra para obtener el fuero que impidiese su procesamiento sin la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al optar a un escaño en la asamblea autonómica previa renuncia de cinco personas: una diputada electa y otros cuatro integrantes de las listas que le precedían.

Por delitos similares está siendo investigada su propia esposa, Begoña Gómez, y pese a la polémica instrucción, la Audiencia de Madrid ha señalado al enmendar al juez Juan Carlos Peinado que la esposa utilizó su cercanía al presidente del Gobierno para vender favores.

El tercer foco de máxima preocupación está en el denominado caso Koldo, porque diversas informaciones apuntan a que las investigaciones sobre las acusaciones de mordidas por concesión de contratos públicos podrían extenderse al diputado y secretario de Organización Santos Cerdán, también protegido por el fuero que le otorga ser miembro del Congreso.

Pero en un Estado de Derecho el fuero no impide perseguir y demostrar el desafuero: los actos que van contra la legalidad. Esa es la misión de la Justicia.